“La sucesión notarial no resuelve el problema: agrava y suma costos y es inconveniente porque van a tener que ir a un escribano a hacer una parte del trámite. Y luego cualquier cuestión que suceda se va a tener que resolver en tribunales”. Además, “hoy el divorcio es recontra exprés, pero hay derechos” que nacen a partir de ese trámite, como la compensación económica, “que tienen un plazo corto para su reclamo. Si la persona no tiene un asesoramiento eficaz y la pierde, ¿a quién va a ir a reclamar ese ciudadano?”, dijo por TeleJunín Santiago Bertamoni, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín.
El presidente de la entidad que nuclea a los profesionales del Derecho expuso, durante la entrevista, numerosos argumentos sobre los efectos que tendrían –de ratificarse- dos de los cambios impulsados por el Gobierno nacional y que modificarían la realización de divorcios y sucesiones: podrían concretarse con la sola presentación de las partes ante un escribano público.
“La finalidad que pretende claramente no se va a cumplir. Por el contrario: va a generar mayores conflictos. Y no se trata de ponernos en esa posición de reclamar la pérdida de una incumbencia o un reclamo sectorial que los abogados podríamos tener. Los más perjudicados van a ser los ciudadanos, los justiciables. No hay ninguna posibilidad de que esto sea beneficioso”, enfatizó Bertamoni.
Hablando siempre en nombre del colegio de profesionales que preside, Bertamoni también se expresó en modo contundente y profusamente argumentado sobre el DNU que deroga –o modifica- más de 300 leyes y el proyecto de Ley Ómnibus que envió el Gobierno nacional al Congreso.
“Rechazamos el dictado de este decreto de necesidad y urgencia. Primero, porque en nuestra Constitución los DNU están absolutamente prohibidos en tres materias: electoral, penal y tributaria. Y más allá de esto, está prohibido como cláusula general ya que está consagrado como una herramienta absolutamente excepcional, de carácter restrictivo y justificado en una necesidad de urgencia”, remarcó.
Sin necesidad y sin urgencia
Al no poder justificarse “la necesidad y la urgencia de todo eso que se compone dentro de ese decreto, ya es un motivo para rechazar desde la forma, porque no permite el debido control que debe tener un DNU”.
Bertamoni afirmó también que ambas propuestas del Gobierno nacional “introducen modificaciones sustanciales en temas sensibles y de variada índole, muy generales, y ya de por sí inconveniente de ser tratados en paquetes tan grandes, cerrados, que inhabilitan la discusión particular de cada tema”.
El abogado -que preside el colegio profesional juninense desde mediados de 2022- apuntó además al recurso -en sí mismo- utilizado por el Gobierno: “Esto nos refuerza la idea de que tenemos que poner en cuestionamiento la herramienta del decreto de necesidad y urgencia. Para este gobierno y para los anteriores”.
Y sostuvo que revisar su uso “disfuncional” desde hace muchos años no es solo para hacer historia sino “para que evitemos que se siga recurriendo a estas medidas”.
“Cuestionemos este decreto y cuestionemos este uso excesivo de la herramienta para que el que venga después no haga lo mismo. Si no, anulamos la división de poderes”, reforzó.
En este tramo de la charla –que puede verse completa por el canal de YouTube de Democracia-, Bertamoni refutó uno de los principales argumentos de Javier Milei para exigir el apoyo de estas medidas: “No caigamos –dijo- en eso de que la voluntad popular está solamente representada en el Poder Ejecutivo. Los diputados son en esencia los representantes del pueblo y el Senado representa a las provincias. Y nuestro sistema constitucional está basado en que la formación de las leyes debe pasar por las dos cámaras”.
El presidente del Colegio de Abogados de Junín juzgó de “graves” varias reformas impulsadas y destacó la del sistema electoral donde se cambia la llamada “lista sábana” por la lista única. “Esto, si no está bien instrumentado, puede derivar en una alteración de la representación de la voluntad popular”, alertó.
Más que un tema de “costos”
Bertamoni explicó entonces lo que definió como “supuestos de los divorcios y las sucesiones” que postulan los cambios que impulsa el Gobierno. “No hay ninguna garantía de que vaya a salir menos costoso. En todo caso, el costo de ir a tribunales cambiará por el costo de ir a un escribano con la sucesión notarial, que igual va a tener que tener patrocinio jurídico. Pero, además, nunca el escribano va a tener la misma certidumbre en su actuación que la decisión que tiene un juez. ¿Por qué? Porque lo que resuelve un juez, agotando las instancias, permite resolver las cuestiones que puedan sucederse” iniciada la sucesión.
Entonces dio como ejemplo el caso de cinco herederos en los que uno de ellos asume los costos del sepelio, cuando es un cargo de toda la herencia. Si luego el resto de los beneficiarios se niega a reintegrarle ese gasto, ¿quién salda el conflicto? Cosas como esta son las que “necesariamente implican que resuelva un juez”.
Y completó: “Tampoco la finalidad de abaratar costos nos puede llevar a hacer un zafarrancho. Para abaratar costos de la medicina ¿promoveremos que la gente se atienda con un curandero en un taller mecánico? No: hay que tener médicos. Esto es lo mismo. Acá hay derechos por proteger. Derechos que en todo caso cada uno verá cómo protege, pero que tiene que estar debidamente asesorado, y esta es la función que cumplen los abogados”.
Recordemos que el proyecto de Ley Ómnibus, en cuanto a los divorcios, propone modificar el proceso por un simple trámite administrativo en el que se exprese la voluntad de los cónyuges. Así, se busca agilizar el proceso y se elimina el requerimiento de la participación de un abogado y un juez. De esta manera, sería suficiente que ambos acudan a un registro civil y expresen la voluntad de disolver el matrimonio, trámite que hasta hoy requiere de abogados y hasta de un juez.
Lo mismo aplicaría a las sucesiones no contenciosas, en las que los deudos "pueden optar por tramitar los procesos sucesorios por causa de muerte ante los órganos judiciales o ante escribano público en los casos en que no exista controversia alguna entre ellos y sean todos capaces”. Así, una sucesión podría resolverse prescindiendo de un abogado y un juez, que actualmente son una parte necesaria del proceso.
También el Colegio porteño
“Abrazar las ideas de la Constitución”. Así fue el título del documento que emitió el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal (CPACF), a cargo de Ricardo Gil Lavedra, en clara alusión a la constante invitación del presidente Javier Milei de “abrazar las ideas de la libertad”. El comunicado dio cuenta de las “innumerables modificaciones al régimen legal vigente” propuesto por el gobierno nacional mediante el dictado del decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley “ómnibus” enviado al Congreso. Informó a su vez que “ya se le ha dado intervención a los Institutos del Colegio” para que “emitan opinión sobre los temas involucrados”. También rechazó “enérgicamente” los cambios propuestos en relación con las sucesiones notariales y el divorcio administrativo.
“El gobierno nacional, en el contexto de una grave crisis económica y social, ha impulsado innumerables modificaciones al régimen legal vigente, mediante el dictado de un DNU -N° 70/2023- y el envío de un proyecto de ley “ómnibus” al Congreso Nacional. Prácticamente no hay materia que haya quedado al margen del conjunto de reformas propuestas, y ello impactará en los derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas y, por ende, en el ejercicio profesional de la abogacía. Ya se le ha dado intervención a los Institutos del Colegio, a fin de que emitan opinión sobre los temas involucrados”, expresó la entidad porteña.
Luego subrayó: “Sin perjuicio del control de constitucionalidad a cargo de los jueces, los cuestionamientos acerca de una indebida asunción de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, pueden ser reparados por el propio Congreso. Es necesario que se disipe, lo más pronto posible, la situación de incertidumbre existente por medio del más amplio debate democrático. Ello permitirá dotar de legitimidad a todo el proceso”.
“Estos cambios están mal planteados”
“Hoy un divorcio la persona lo puede notificar por carta documento y se hace en un trámite que es súper ágil en tribunales. Es unilateral: te lo notifiqué judicialmente y avanzo.
¿Cuál es la cuestión que genera alguna demora o hipótesis de conflicto? ¿El divorcio? No. Es lo que vincula el divorcio. Los efectos del divorcio. Los efectos patrimoniales. Los efectos que hace al cuidado de los hijos -si los hubiera-, pero en la cuestión de los derechos que los cónyuges tienen hay algunos que son sensibles” y no pueden resolverse notarialmente, argumentó Santiago Bertamoni sobre una de las cuestiones que el gobierno de Javier Milei dice buscar “agilizar” con los cambios que impulsa.
Para el presidente del Colegio de Abogados de Junín promover algo así “es inconveniente. ¿Para los abogados? No. Esto es inconveniente para la sociedad. Está mal planteado, mal instrumentado”. Y apuntó entonces al método elegido por el Gobierno para forzar esos cambios: “Nosotros no nos oponemos a que debatamos cuáles son las cosas que hay que mejorar. Pero esta no es la manera: mandar todo en un paquete cerrado. A todo nada ¿Y poniendo condiciones? No, no funciona de esa manera”.
División de poderes y respeto a la Constitución
“Acá tenemos que poner el foco en el respeto por la Constitución, en la solidez de las instituciones democráticas, de la República. Y quizás sea positivo que así expuesto, tan tremendamente como lo han hecho, nos permita a todos reflexionar sobre la calidad de nuestro sistema democrático y republicano y entender que las construcciones, aún de las reformas que haya que introducir, necesitan de un consenso y de una solidez para que puedan ser sostenidas en el largo plazo”, reflexionó Santiago Bertamoni sobre el espíritu y forma de la transformación impulsada por Javier Milei.
“Esto nos tiene que llamar a la reflexión a todos, como Colegio, como hombres del Derecho. No podemos nunca abandonar nuestro juramento que tiene que ver con la defensa de la Constitución y que, insisto, excede las cuestiones sectoriales de cada uno”, afirmó el presidente del Colegio de Abogados de Junín y concluyó: “Trabajamos porque las reformas que haya que hacer y sean necesarias salgan de la manera más eficaz y consensuada, y que sea lo mejor para la gente”.
