El rol de la escuela como espacio de resguardo institucional y la idoneidad de quienes se presentan frente a los alumnos ha quedado en el centro de una fuerte controversia política en Junín. A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales Somos solicitó formalmente a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y a las jefaturas distritales y regionales un informe detallado sobre los criterios que autorizan la intervención de actores externos en el ámbito escolar.
La iniciativa, impulsada por la concejal Agostina Larocca, pone el foco en actividades desarrolladas durante los ciclos lectivos 2025 y 2026. La preocupación radica en que estos programas, orientados a temas de alta sensibilidad como la discapacidad, el consumo problemático y la salud mental, estarían siendo dictados por organizaciones que no presentan una acreditación profesional conocida.
Desde el bloque remarcan que cuestiones como la inclusión y la prevención de riesgos requieren un abordaje técnico con perspectiva de derechos. “Cuando una persona se presenta frente a estudiantes, no está simplemente charlando, sino formando y compartiendo contenidos y valores”, fundamentó Larocca en diálogo con TeleJunín.
El pedido de informes apunta específicamente a la organización denominada “Accionar por Junín”. Los ediles buscan determinar si esta agrupación cuenta con aval institucional, qué validación pedagógica previa se realizó sobre sus contenidos y cuáles fueron los criterios para evaluar la formación de sus integrantes. Según la concejal, han recibido testimonios de alumnos que confirman la presencia de estos grupos en los talleres escolares.
Uno de los puntos más críticos del reclamo es la presunta disparidad en las autorizaciones. Larocca denunció que, mientras el Ejecutivo municipal encuentra “trabas” constantes para ingresar a las escuelas con programas respaldados por equipos profesionales del área de salud y desarrollo social, otras asociaciones de carácter voluntario parecen tener vía libre.
“Siempre hay trabas cuando el municipio quiere intervenir bajo criterios de currícula, pero después nos enteramos que hay asociaciones que ingresan sin el mismo nivel de exigencia ni cuidado”, expresó la edil, sugiriendo la existencia de un posible “favoritismo” político en la habilitación de estos espacios.
Para el cuerpo de concejales de Somos, la escuela debe ser un espacio neutral y seguro. El proyecto solicita precisiones sobre si las familias fueron debidamente notificadas de estas intervenciones y bajo qué supervisión institucional se llevaron a cabo.
En un contexto social complejo, marcado por desafíos como el bullying, las autolesiones y el consumo, Larocca enfatizó que la respuesta del Estado debe ser profesional e integral. “No puede quedar esto meramente atado a voluntarios sin acreditación profesional. Tenemos que dejar de lado los egos políticos y trabajar con responsabilidad sobre problemáticas que son críticas para nuestros adolescentes”, concluyó.
El proyecto aguarda ahora ser tratado en las próximas comisiones del Honorable Concejo Deliberante, a la espera de que las autoridades educativas provinciales y la DIEGEP brinden las respuestas técnicas que la comunidad educativa demanda.
Repudio
Ante los graves incidentes ocurridos en el Concejo Deliberante de Villa Gesell, que incluyeron agresiones físicas y el accionar de grupos organizados dentro del recinto, desde el bloque Somos de Junín se emitió un comunicado de repudio institucional, advirtiendo sobre el peligro que estas prácticas representan para la institucionalidad bonaerense.
El 4 de mayo pasado, durante el tratamiento de un presupuesto municipal de 64 mil millones de pesos para la localidad costera, ediles de aquella localidad denunciaron que el mismo duplica el costo de funcionamiento del municipio, por lo cual fueron agredidos, según lo expuesto por Somos desde Junín.
Los ediles locales del bloque oficialista sostuvieron que el Concejo Deliberante debe ser la casa del pueblo y no un espacio destinado al apriete o la intimidación. Asimismo, remarcaron que la libertad de acción y la seguridad de los representantes electos constituyen un pilar básico de la institucionalidad que debe protegerse sin distinción de banderas partidarias.
