En un contexto de creciente tensión en el sector público, los trabajadores judiciales de la Provincia de Buenos Aires reclaman la reapertura urgente de las mesas salariales. En diálogo con TeleJunín, Fernando De Narda, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), brindó un panorama detallado de la crisis que atraviesa el sector, donde confluyen la pérdida del poder adquisitivo, deficiencias edilicias estructurales y un severo retraso en la designación de personal.
Respecto de la negociación paritaria, De Narda recordó que el último acuerdo formal se concretó en el mes de marzo, abarcando los haberes de abril. “Nosotros solicitamos, por ahora, un llamamiento para discutir la cuestión salarial. Si no hay respuestas, seguramente se va a avanzar en el sentido de una medida de fuerza”, advirtió el dirigente gremial.
Pérdida del poder adquisitivo
Al analizar la evolución de los sueldos frente a la escalada de precios, el titular de la AJB diferenció la coyuntura reciente del arrastre de los últimos años. “La foto que queda es que se viene acompañando el número de la inflación, sobre todo a partir de que comenzó a desacelerar. Sin embargo, desde la mitad de 2023, con la devaluación de fin de año, los ingresos cayeron alrededor del 30%, dependiendo de la categoría”, explicó.
En ese sentido, remarcó el incumplimiento de las promesas de la gestión provincial. “Había un camino de recuperación planteado por lo que se había perdido en el período 2016-2019. El Gobierno provincial se había comprometido a esa recuperación salarial, pero no solo no se recuperó ese nivel, sino que estamos por debajo en este 30%”.
Para el dirigente, el nudo del problema radica en el progresivo recorte de recursos económicos que el Estado bonaerense asigna a la administración de justicia. “Veníamos de principios de los años 2000 con un 6% y 7% de presupuesto destinado a la Justicia, incluyendo lo salarial, lo edilicio y la creación de nuevos organismos. Eso se fue perdiendo hasta llegar a 5% y hoy estamos cerca del 4%”, argumentó.
Deterioro edilicio
La reducción del presupuesto no solo golpea los bolsillos de los empleados, sino que también impacta de forma directa en las condiciones de trabajo y atención al público. Según De Narda, casi el 90% del presupuesto actual se destina a salarios, dejando un margen mínimo para el mantenimiento, reparación o alquiler de inmuebles.
“Tenemos muchas dependencias con muchos problemas: caídas de techo, pisos en mal estado y humedad. Los días de grandes tormentas, el exhospital San José, donde funciona la fiscalía, es un grave problema. No se puede trabajar en esas condiciones”, denunció.
Y finalizó: “Se vienen alquilando algunos lugares para cubrir la demanda. Sin embargo, uno hace las cuentas y probablemente la Provincia gaste más en alquileres de espacios que no están específicamente construidos para las necesidades del Poder Judicial, en lugar de avanzar en reparaciones o construcciones definitivas”.
